El objetivo de este artículo es intentar hacer un balance de la PDSD, y de los temas relacionados con ésta, en un momento en que el gobierno de Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Uribe, empieza s período con uno de los golpes más duros que ha tenido las FARC: la muerte del Mono Jojoy, segundo al mando de las FARC. Y todo gracias a la continuación de la PDSD.

Presentación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD)

El documento Política de Defensa y Seguridad Democrática[3] está dividido en cinco secciones. En la primera, se hace una presentación de la política de SD. Se definen tres pilares fundamentales que son: la protección de los derechos de todos los ciudadanos; la protección de los valores, la pluralidad y las instituciones democráticas; y, la solidaridad y la cooperación de toda la ciudadanía en defensa de los valores democráticos. Según este documento, "La verdadera seguridad depende no sólo de la capacidad de la Fuerza Pública de ejercer el poder coercitivo del Estado, sino también de la capacidad del poder judicial de garantizar la pronta y cumplida administración de justicia, del Gobierno de cumplir con las responsabilidades constitucionales del Estado y del Congreso de legislar teniendo presente la seguridad como el bien común por excelencia de toda la sociedad"[4].

En el segundo segmento, se definen las amenazas para el país: el terrorismo, el negocio de las drogas ilícitas, las finanzas ilícitas, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el secuestro y la extorsión, y finalmente, el homicidio. La siguiente sección plantea los objetivos estratégicos: la consolidación del control estatal del territorio, la protección de la población, la eliminación del negocio de las drogas ilícitas, el mantenimiento de una capacidad disuasiva y, por último, la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas. En la cuarta parte, se concretizan seis líneas de acción: 1) coordinar la acción del Estado; 2) fortalecer las instituciones del Estado; 3) consolidar el control del territorio nacional; 4) proteger a los ciudadanos y la infraestructura; 5) Cooperar para la seguridad de todos; y, 6) comunicar las políticas y acciones del Estado. El documento termina por la financiación y evaluación de la política de SD. La seguridad no sería la única preocupación del gobierno pero sí la primera.

Logros estadísticos de la PDSD

El gobierno de Uribe puede demostrar fácilmente el "éxito" de su política de seguridad gracias a la gran cantidad de estadísticas que disponen. Presentaremos algunas de las más importantes[5]. En primer lugar, la Fuerza Pública (FP) pasó de contar con 313.406 efectivos en el año 2002 a tener 431.571 en el año 2008. El fortalecimiento de la FP es por ende innegable. El debilitamiento cuantitativo de las FARC es también un hecho: de tener 18.000 hombres en armas en el 2002, en el año 2007 pasaron a tener 6.000 efectivos, lo que representa una reducción del 67%. Los ingresos de las FARC han caído en un 60% porque han perdido el control de muchas zonas antes cocaleras, y por los cambios en el mercado internacional de las drogas en detrimento de las mafias colombianas. El secuestro extorsivo, segundo renglón de ingresos de las FARC, cayó en un 90%, al pasar de 719 en el 2002 a tan solo 72 en el año 2008. En cuanto a los municipios donde hubo ataques de las FARC, pasaron de ser 209 en el 2002 a ser 78 en el 2008. Los frentes inactivos de las FARC eran 12 en el 2002, y llegaron a ser 40 en el 2008, lo que significa una disminución evidente en la capacidad operativa de esta guerrilla. La capacidad operativa del ELN se redujo en un 77% entre el 2002 y el 2008. Mezclando los grupos paramilitares y las "Bandas criminales" (BACRIM), en el año 2002 estos hacían presencia en 711 municipios, hoy lo hacen tan solo en 152, es decir, hubo una reducción de 79% en el control territorial de estos grupos. Finalmente, en la lucha contra el narcotráfico también existen estadísticas para mostrar. De tener 163.289 hectáreas de coca sembrada, el país pasó a tener 81.000 en el año 2008. La producción de coca se redujo en un 38%, al pasar de 695 toneladas en el 2000 a 430 en el 2008. No queda entonces duda alguna de que la política de SD logró avanzar significativamente en los objetivos que se había planteado en un principio. Sin embargo, no se logró derrotar totalmente a las Fuerzas Armadas Ilegales ni acabar definitivamente con el ciclo de la violencia en el país.

Algunas de las principales operaciones exitosas que se llevaron a cabo en el marco de esta política estuvieron marcadas por escándalos que minimizaron el éxito de éstas. Tanto la famosa operación Fénix en marzo de 2008, que culminó con la muerte de Raúl Reyes, miembro del secretariado de las FARC, como la operación Jaque en junio de 2008 que permitió la libertad de Ingrid Betancourt, los tres norteamericanos y once secuestrados más en manos de la guerrilla, estuvieron manchadas por lunares. La primera conllevó a la ruptura de las relaciones diplomáticas por parte de Ecuador con Colombia por la violación de las fronteras de Ecuador, y creó un ambiente bastante tenso en la región andina. Durante la segunda operación, el gobierno colombiano quebró el Derecho Internacional Humanitario al usar distintivos de la Cruz Roja y posteriormente se supo de la participación de Estados Unidos en una operación que el gobierno aseguró ser cien por ciento colombiana. Las relaciones entre Ecuador y Colombia siguen sin restablecerse, pero se espera que este inconveniente diplomático se solucione antes del de diciembre de 2010[6].

La política de SD y las relaciones regionales

En lo que tiene que ver con las relaciones con los países de la región suramericana, la PDSD no ha sido muy exitosa. Según el analista Alfredo Rangel, existen dos grupos de países definidos por la posición que adoptan frente al conflicto colombiano. Por un lado estarían los países dispuestos a colaborar con Colombia entre los cuales se encuentran Brasil, Perú y Panamá. El otro grupo estaría compuesto por los renuentes a colaborar, principalmente Venezuela y Ecuador. Con estos dos últimos países se han desmontado los mecanismos de cooperación y han prevalecido los desencuentros y la desconfianza. Sin embargo, tan solo tres días después de la posesión del nuevo presidente de Colombia Juan Manuel Santos, las relaciones con Venezuela fueron restablecidas, luego de haber pasado por un momento crítico que se produjo a raíz de las denuncias de Uribe con relación a los campamentos de las FARC y del ELN en la frontera con Venezuela. El gobierno del presidente Uribe acusó en varias ocasiones a los gobiernos de Venezuela y de Ecuador de tener relaciones con las FARC, lo que produjo un distanciamiento aún  mayor de los países vecinos con Colombia. Las supuestas pruebas de estas relaciones con la guerrilla provenían del famoso computador de Raúl Reyes, quien fue abatido en la operación Fénix.

Tal vez el momento de mayor tensión en la región se produjo luego de que Colombia anunciara la firma de un acuerdo militar con Estados Unidos mediante el cual este último se comprometía a brindar asistencia técnica en siete bases militares colombianas para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. Este acuerdo, firmado el 30 de octubre de 2009, generó una polémica porque no quedaba explícito que las acciones que se iban a realizar en estas bases se iban a limitar exclusivamente al territorio colombiano y a combatir el narcotráfico. Tanto Venezuela como Brasil o Argentina respetan la soberanía colombiana pero todos concuerdan en que debe quedar explícita la "garantía" de que no se va a violar la "soberanía regional". Como lo dijo Lula el 5 de noviembre de 2009, antes de desatarse el conflicto, "lo que deseamos es que en el acuerdo firmado con EU, debe establecerse explícitamente, como garantía ante la ley internacional, que el principio fundamental es que las bases son para acciones dentro de Colombia, y no sobre las fronteras con otros países."[7] Uno de los retos para el nuevo gobierno de Colombia es lograr restablecer un clima de confianza en la región para conseguir una mayor cooperación de los países vecinos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

El Paramilitarismo, la Ley de Justicia y Paz, la Parapolítica y las 'BACRIM'

El fenómeno que hoy se conoce como paramilitarismo en Colombia tiene antecedentes desde los años sesenta. La investigadora Claudia López distingue cuatro períodos de formación de estos grupos. "El primer momento [histórico] lo constituyen las autodefensas nacidas a mediados del decenio de los sesentas y que se prolongaron hasta principios de los 80, caracterizadas por ser legales y fuertemente apoyadas por la fuerza pública. Un segundo momento - durante todos los años ochentas - se caracteriza por la fuerte vinculación del narcotráfico, que se mantiene desde entonces, su proliferación y utilización como grupos de seguridad privada, además de la guerra sucia adelantada en complicidad con agentes estatales. La tercera etapa se desarrolla desde principios de los noventas hasta el inicio de los procesos de desmovilización paramilitar, en 2003. Los paramilitares se agrupan en estructuras de coordinación regional y nacional, logran el apoyo de buena parte de la clase política local y regional y se expanden geométricamente después de 1997, con la conformación de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia)"[8].

El paramilitarismo era bastante fuerte cuando Álvaro Uribe llegó al poder en el año 2002. Todas las ramas del poder público estaban invadidas por los paramilitares, directamente o indirectamente. Como lo dice el mismo José Obdulio Gaviria, ex asesor presidencial de Uribe, "El paramilitarismo invadió todos los ámbitos en los que el Estado debería haber estado presente (...) Hizo alianzas con el narcotráfico, con sectores sociales, con servidores públicos, incluida la justicia"[9]. Era más que evidente que una gran parte de la clase política estaba relacionada de una u otra forma con estos grupos paramilitares. A finales del mes de julio de 2004, tres de los jefes más importantes de estos grupos ilegales, Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza, hicieron un discurso en el Congreso en el cual justificaban su accionar con el argumento de que habían "liberado de la guerrilla a media república y evitar que se consolidara en el suelo patrio otra Cuba"[10]. Los dirigentes paramilitares pidieron a los dirigentes políticos que se crearan los instrumentos jurídicos necesarios para los futuros paramilitares desmovilizados. Los aplausos con fervor no se hicieron esperar por parte de los dirigentes políticos que los escuchaban, lo que podría ser una demostración de esta relación ilegal entre políticos y paramilitares.

En junio de 2008, la Fiscalía reportó estar investigando a 264 funcionarios públicos, 83 de ellos congresistas, por presuntos vínculos con el paramilitarismo. En abril de 2010, la cifra subió a 400 políticos de elección popular, de los cuales 102 son congresistas. De los 102, 25 han sido condenados[11]. Uno de los hechos más relevantes de la parapolítica y que constituyó una de las pruebas en los juicios contra políticos, fue el Pacto de Santa Fe de Ralito. En el año 2001, Salvatore Mancuso y otros jefes paramilitares invitaron a "políticos influyentes como senadores, representantes, caciques y gobernadores mezclados con concejales y alcaldes de pequeñas poblaciones de la costa". El objetivo de este encuentro era hacer un "Pacto" para "refundar la patria" y "construir una nueva Colombia". De las cerca de cien personalidades que asistieron, una tercera parte, la más relevante políticamente, firmó el Pacto de Ralito[12]. Como lo dijo el mismo jefe paramilitar Ernesto Báez "Por el poder, los políticos se aliaban hasta con el diablo"[13]. Según la Fiscalía, el pacto fue usado también por las paramilitares como una jugada clave para obtener beneficios futuros dentro de un eventual proceso de negociación.

La Ley de Justicia y Paz

En este contexto de una expansión muy importante de los paramilitares en Colombia y de una cooptación del Estado por parte de estos grupos, el presidente Uribe optó por la negociación para acabar con el paramilitarismo. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) anunciaron un "cese al fuego unilateral" el 1° de diciembre de 2002, cuatro meses después de la posesión de Uribe. El 23 de diciembre se conformó una Comisión encargada de establecer contactos con las AUC y definir las condiciones de negociación. El 15 de julio se firmó el Acuerdo de Santa Fé de Ralito, en el cual los paramilitares y el Gobierno aceptaban las recomendaciones de la Comisión. Es decir, se iniciaban las diferentes etapas del proceso de desmovilización, que deberían culminar a finales del año 2005. El 21 de agosto de 2003, el ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, radicó el proyecto de Alternatividad Penal. Este proyecto recibió críticas de todos los sectores, razón por la cual se hundió. Para los defensores de derechos humanos, esta ley era una especie de "indulto disfrazado". Ante este hundimiento se presentaron varios proyectos que terminaron en la aprobación por mayoría de votos de lo que sería la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz)[14]. Esta ley no estuvo exenta de críticas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La Corte Constitucional tuvo que intervenir y modificar sustancialmente la Ley para garantizar los derechos de las víctimas. Es importante aclarar algunos elementos relativos a esta Ley que tienen que ver con las razones que motivaron a los paramilitares a iniciar el proceso, las diferentes interpretaciones acerca de la Ley de Justicia y Paz (LJP), el objetivo oficial de ésta y los resultados que se pueden observar después de cinco años de aplicación.

Según el analista Alfredo Rangel, diferentes razones llevaron a los paramilitares hacia una negociación. "Existía una fatiga de guerra entre muchos de los dirigentes de estos grupos; entre la dirigencia paramilitar había la certeza de que el gobierno de Uribe iba a lograr debilitar a la guerrilla en muy corto tiempo; calcularon que las condiciones jurídicas y políticas que se establecerían para su desmovilización y reinserción iban a ser: amnistía total, impunidad absoluta, ninguna obligación de contar la verdad de sus crímenes, no devolución de las riquezas mal habidas y ninguna exigencia para reparar a sus incontables víctimas; estimaban que la enorme popularidad de Uribe garantizaría el éxito de las negociaciones"[15]. El conjunto de estos motivos creaba una posibilidad sin antecedentes en el país: acabar con el paramilitarismo por la vía pacífica.

La Ley de Justicia y Paz sería la vía para concretar esta posibilidad histórica. A diferencia de los procesos de justicia transicional que se han llevado a cabo en el resto del mundo, en Colombia no estamos en un contexto de posdictadura o posconflicto, nuestro proceso es una especie de justicia transicional sin una verdadera transición. Existen muchas discusiones alrededor de la justicia transicional en Colombia. La pregunta central es "¿Cuánta justicia es necesaria sacrificar para lograr la paz? ¿Es conveniente sacrificar la paz en aras de la justicia? La discusión se ha polarizado en dos extremos excluyentes: unos creen que la justicia plena es tanto la razón de ser como la garantía para la paz: sin justicia plena no hay paz, afirman; otros consideran que, siendo la paz un valor superior, puesto que es garantía de la vida y requisito de la libertad, es necesario sacrificar la justicia para poder alcanzarla: la impunidad es el precio de la paz, sostienen" [16]. Una de las posiciones intermedias considera que se puede sacrificar un poco de justicia a condición de que los victimarios reparen a las víctimas y confiesen la verdad de todos los hechos. En este último espacio se ubicaría la LJP. Las penas pueden ser de entre cinco y ocho años. El objetivo final de la Justicia Transicional siendo el de la reconciliación nacional.

El balance de la LJP no es muy satisfactorio después de cinco años de aplicación. El Gobierno mostró estadísticas que justificarían el éxito de esta Ley pero los avances son muy precarios. Los mayores logros "han sido juzgar a 3154 personas postuladas a la ley de justicia y paz; reinsertar a la sociedad 51.510 desmovilizados colectivos e individuales entre 2000 y 2009; garantizar el acceso a la justicia, a la protección y a la reparación a 240.000 y más que se han acercado a la Fiscalía general de la nación para reclamar su condición sumaria de víctimas y hacerse parte procesos penales vigentes en el marco de la Ley 975"[17]. Pero, de los postulados, "1836 han acudido a las versiones libres; de éstos 1215 han terminado sus versiones libres y 621 están aún en ellas; 5 han terminado con confesión de los hechos, es decir, se han ratificado en su decisión de mantenerse en el proceso de justicia y paz; los demás, no; de estos cinco sólo uno ha llegado al tribunal superior de distrito judicial, recibió una sentencia de primera instancia, que luego fue revocada por vicios de procedimiento"[18]. Sin embargo, se han logrado avances significativos en el tema de la verdad. Se ha conocido información muy importante que es muy valiosa para el objetivo final de la reconciliación nacional. Pero a pesar de este avance en la verdad, en lo que se refiere a la justicia y a la reparación todavía falta mucho por hacer.

Para finalizar, la extradición en mayo de 2008 de 14 de los 19 jefes paramilitares que se habían acogido a la LJP es una evidencia de las dificultades que ha enfrentado este proceso de negociación y es un obstáculo claro para el conocimiento de la verdad. La cooperación judicial con Estados Unidos ha sido muy precaria. Los mismos paramilitares han amenazado con salirse del proceso y volver al campo. El mismo Ernesto Báez, uno de los jefes paramilitares más importantes, en una carta dirigida al ex Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, en diciembre de 2006, le dijo "Este no fue nunca un proceso de paz, ni siquiera alcanza a ser un proceso de sometimiento global a la justicia; fue simplemente el proceso de entrega de armas con réditos políticos inmediatos para el gobierno que usted representó en la mesa (...) Señor Comisionado le confieso mi dolor de patria por esta oportunidad casi perdida para el país. Los procesos de paz no son operaciones de recoger y contar fusiles. (...) No cantemos victoria Señor Comisionado, sobre un escenario de ficción"[19].

Las bandas emergentes

En la misma carta, Báez le recuerda al Comisionado que "de los 40 grandes jefes que Usted conoció dentro de la cúpula federada de las AUC, 19 están detenidos, esto indica que más del 50% de estos altos mandos, gozan de libre albedrío, entre ellos el cofundador histórico de las AUC. En igual condición están más de 500 segundos comandantes y cerca de 1000 mandos medios. Nadie como usted en el fondo sabe, que las mal llamadas bandas emergentes, no son más que grupos paramilitares"[20]. Muchos de los jefes paramilitares que en un principio participaron de las negociaciones con el Gobierno, se habían preparado para una eventual ruptura de éstas. Estos dirigentes habían inflado las cifras de los combatientes y dejaron reductos armados en caso de un rompimiento con el Gobierno. Si bien se había avanzado en las desmovilizaciones, las estructuras del negocio del narcotráfico no se habían visto afectadas. Con la decisión de no excluir la posibilidad de la extradición y con la orden de captura de los jefes paramilitares en el 2006, el Gobierno hizo que varios de estos jefes abandonaran la negociación y empezaran a conformar las llamadas "bandas emergentes" integradas por desmovilizados, pero en su gran mayoría por personas que nunca se habían desmovilizado o estructuras al servicio del narcotráfico[21].

La política de Seguridad Democrática no había previsto el surgimiento de estos nuevos grupos, que se articularon alrededor del propósito de continuar con sus actividades de narcotráfico. La Policía Nacional estima que tienen más de 4.000 miembros. Los cálculos de las ONG indican que podrían ascender a 10.200. Mientras que el gobierno dice que se trata de ocho grandes bandas, en la Defensoría del Pueblo y algunas ONG se habla de 82 bandas que afectan a 273 municipios del país[22]. Según Alfredo Rangel y los defensores de la política de Seguridad Democrática, con el proceso de desmovilización se acabaron los paramilitares en Colombia y estas bandas, que denominan "Bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico", son un fenómeno nuevo y totalmente diferente del paramilitarismo. A diferencia de los paramilitares, estas bandas no tendrían un propósito contrainsurgente y, al contrario, entran en alianzas con las guerrillas. Para los sectores críticos de la política de SD, estas bandas serían una continuación de las AUC o una nueva generación de paramilitares. Más allá de las características que puedan tener estas bandas, la sola existencia de ellas pone en evidencia la fragilidad de la PDSD, cuyo principal objetivo era el de recuperar el monopolio de la fuerza y restablecer el control territorial en todo el país. Cabe preguntarnos si estos nuevos grupos son duraderos y si tendrán la misma capacidad de influencia en las elecciones y en la infiltración del Estado que tenían los grupos paramilitares.

Los derechos humanos y la PDSD

El Desplazamiento Forzado

Uno de los rasgos más dramáticos del conflicto en Colombia es el desplazamiento forzado. Se han realizado muchos estudios sobre las causas y la caracterización de este fenómeno en el país. Según un informe de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre desplazamiento Forzado, resulta indiscutible que la violencia política ocasionada por el conflicto armado se constituye en la causa principal del desplazamiento. Los grupos armados ilegales son los primeros responsables de este fenómeno y la tierra ha sido un elemento determinante. Las últimas estadísticas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) reportan que el 94% de los propietarios del país es titular de sólo el 18,7% de la superficie, mientras que el 1,4% de los propietarios son titulares del 65,4% de la superficie. Miles de familias han sido despojadas violentamente de sus tierras por los grupos armados ilegales, privándolas de su principal medio de subsistencia. El informe dice más adelante que "la debilidad institucional es una de las causas que facilita la apropiación ilegal de tierras"[23].

Siguiendo la lógica de la Política de Seguridad Democrática, la protección de los Derechos Humanos, entre los cuales se encuentran los de la población desplazada, vendría como consecuencia del fortalecimiento de la Fuerza Pública en todo el territorio. Mientras que las estadísticas de Acción Social registran alrededor de 3,5 millones de personas desplazadas, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) eleva la cifra a 4.915.579 de personas[24], es decir que el país se encuentra en una de las mayores tragedias humanitarias a nivel internacional. En cuanto a la evolución de este fenómeno durante la aplicación de la PDSD, el Ministerio de Defensa defiende que hubo un avance importante en la protección de la población desplazada. Entre 2002 y 2009, el número de desplazados expulsados se redujo en un 74% pasando de 436.875 en 2002, a 111.414 en 2009[25], según el Ministerio. Sin embargo, estas estadísticas son engañosas y falsas. Falsas porque la cifra presentada para el año 2009 es una cifra parcial, lo que no es especificado en el informe del Ministerio. Las estadísticas que utiliza son las de Acción Social, que reportó 354.823 personas desplazadas[26] para el año 2009. Engañosas porque no se especifica que durante el año 2001 se registraron 377.152 personas. Si tomamos el periodo comprendido entre el año 2001 y el año 2009, el número de desplazados expulsados se redujo en un 6%, lo que es bastante diferente del 74% que presenta el Ministerio.

Más allá de las cuestiones relativas a las estadísticas, el hecho de que siga habiendo un número tan elevado de personas desplazadas significa que la PDSD, si bien representó algún tipo de avance estadístico, no logró establecer un control territorial (principal objetivo de la política) y por lo tanto no brindó condiciones de seguridad para evitar el desplazamiento forzado en el país. En el año 2004, la Corte Constitucional declaró el "estado de cosas inconstitucional" en cuanto al problema del desplazamiento "por las condiciones de vulnerabilidad extrema en las cuales se encuentra la población desplazada, así como por la omisión reiterada de brindarle una protección oportuna y efectiva por parte de las distintas autoridades encargadas de su atención"[27], y dice que se han violado los derechos de esta población. En el año 2009, en un Auto, la Corte reconoció algunos avances hechos por el gobierno en la materia pero declaró la "persistencia del estado de cosas inconstitucional"[28]. Si bien este problema no es reciente, el gobierno de Uribe y la política de Seguridad Democrática no contribuyeron de una manera significativa para resolver este "problema estructural" del desplazamiento forzado en Colombia. Actualmente, a pesar de los obstáculos[29], hay una esperanza de que el gobierno de Juan Manuel Santos adopte la "Ley de Tierras" con la cual se busca restituir dos millones de hectáreas de tierras a campesinos despojados de sus propiedades.

Los Falsos Positivos

Bajo el término técnico de "Falsos Positivos" el Gobierno calificó lo que Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias, denominó "El asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio"[30]. El 17 de noviembre del 2005, dentro del marco de la PDSD, el Gobierno creó una política de recompensas por la información que condujera a la captura o muerte de los integrantes de los grupos al margen de la ley. Esta iniciativa incentivó a los miembros de la Fuerza Pública para cometer estas ejecuciones extrajudiciales que se conocen como "Falsos Positivos". En palabras de Philip Alston, el patrón que se ha develado es el siguiente: "un 'reclutador' engaña a la víctima con falsas pretensiones y la lleva a una localidad remota. Allá, al poco tiempo de llegar, miembros del ejército matan al individuo. Luego se manipula el lugar de los hechos para que parezca que la persona fue dada de baja legítimamente en el fragor de un combate. A menudo se hace una fotografía en la que sale vistiendo uniforme de guerrillero con un arma o granada en la mano. Las víctimas suelen ser enterradas de manera anónima en fosas comunes, y los asesinos son premiados por los resultados conseguidos en la lucha contra la guerrilla".

Para el mes de mayo de 2010, la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía había asumido la investigación de 1.366 casos, con un total de 2.351 víctimas, 116 de ellas mujeres y 125 menores de edad, en 27 de los 32 departamentos. Según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), entre el 2001 y el 2009, periodo de aplicación de la PDSD, se registraron 501 casos de "falsos positivos" con un total de 1013 víctimas[31]. La cantidad de casos demuestra que no fueron "casos aislados" como sostuvieron los miembros del Gobierno. Según el Relator Especial de la ONU, "Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército"[32]. Para algunos analistas, como la Corporación Nuevo Arco Iris[33], estos asesinatos tuvieron efectivamente un carácter sistemático, lo que permitiría calificarlos como un "delito de lesa humanidad". Sin embargo, Philip Alston dice en su informe "no he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del gobierno, o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del Presidente o de los sucesivos Ministros de Defensa". La responsabilidad política y material, y la revelación de la verdad en torno al caso de los "falsos positivos" quedan por establecerse.

A pesar de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de la Nación las críticas a la justicia no se han hecho esperar. Muchos temen que la impunidad que caracteriza a Colombia vuelva a reinar. No obstante, tan solo dos semanas después de que se conociera el caso del municipio de Soacha a mediados de septiembre de 2008, en donde se habían detectado 16 casos, el Gobierno removió a 27 militares de sus cargos, tres de ellos generales. Alston reconoce éstas y otras medidas adoptadas por el Gobierno pero dice que "sigue habiendo una brecha preocupante entre las políticas y la práctica". Tanto el CINEP como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), hicieron explícita su preocupación por que reine la impunidad al desaprobar el hecho de que quedaran en libertad 17 militares que estaban siendo investigados, por vencimiento de términos, a comienzos de enero del 2010[34]. También se evidenciaron problemas en cuanto a la protección de familiares de víctimas, testigos, fiscales y jueces, quienes están sometidos a recibir amenazas constantemente. Uno de los problemas centrales es la falta de recursos y de personal capacitado en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, y la omisión de la justicia penal militar de remitir las investigaciones a la justicia penal ordinaria[35]. Philip Alston concluye su declaración recomendando algunas reformas, entre las cuales figura la supresión de todo tipo de incentivo para los militares por ejecuciones, y resalta la necesidad de seguir apoyando a la Fiscalía con más personal, apoyo y financiación[36]. El episodio de los "Falsos Positivos" constituyó un periodo de fuertes críticas para el Gobierno de Uribe y la PDSD.

Las chuzadas o la "cacería criminal" por parte del DAS

Lo que se conoce como el escándalo de las "chuzadas" salió a la luz pública con las revelaciones de la revista Semana, el 22 de febrero del 2009, sobre las interceptaciones telefónicas a miembros de la oposición, defensores de Derechos Humanos, periodistas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entidad adscrita a la Presidencia de la República. El término de "chuzadas" esconde un problema que no se reduce a simples interceptaciones telefónicas. Con el transcurso del tiempo la Fiscalía ha encontrado documentos de gran valor que han permitido conocer las actividades realizadas por el DAS. El Fiscal Mario Iguarán dijo, refiriéndose al primer informe del CTI sobre lo encontrado: "causa preocupación, en atención al hedor que él expide"[37].

Según se ha podido establecer, a finales del año 2003, José Miguel Narváez creó un grupo de inteligencia cuyas siglas eran 'G-3'[38], bajo la administración de Jorge Noguera, hoy detenido por sus vínculos con el paramilitarismo. El objetivo de este grupo era "judicializar y neutralizar a las ONG y organizaciones o personas opositoras a las políticas del gobierno"[39]. Fueron creadas diferentes operaciones[40] con objetivos muy específicos: la "Operación Transmilenio" tenía como objetivo neutralizar a las ONG's en Colombia y en el mundo, entre las cuales figuraba el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; la "Operación Puerto Asis" estaba dirigida contra el periodista Hollman Morris, su proyecto periodístico denominado Contravía, y su familia, y planteaba iniciar una "campaña de desprestigio a través de las siguientes acciones: comunicados, incluir en video de FARC"; la "Operación Paseo I y II" se había pensado en contra de los magistrados de las Altas Cortes. Las interceptaciones telefónicas fueron tan solo uno de los métodos utilizados por este organismo, que incluyó dentro de sus estrategias: el desprestigio mediante el uso de los medios de comunicación, la realización de encuestas, el uso de chats, comentarios, el uso de bases de datos para enviar correos masivos para desprestigiar a la oposición; la creación de páginas web, comunicados, denuncias y montajes. Como lo reveló el ex candidato para la presidencia, Gustavo Petro, en su debate sobre lo ocurrido, se planificaron "actos de terrorismo" con explosivos, armas incendiarias y el sabotaje a los servicios públicos[41], con el objetivo de amenazar y chantajear a personas críticas del Gobierno. Uno de los casos que ilustran el patrón con el cual fueron llevadas a cabo estas acciones es el de la periodista Claudia Julieta Duque, quien tuvo que exiliarse con su familia en el exterior luego de recibir constantes amenazas por parte del DAS[42], las cuales llegaron incluso a amenazar con violar a su hija y asesinarla.

La responsabilidad sobre el conjunto de estos hechos todavía está por determinarse. El ex presidente Uribe dice que todo ocurrió a sus espaldas y que en ningún momento pensaría en hacer algo de este talante, y considera que su Gobierno, gracias a la PDSD, es el que más garantías le ha dado a la oposición. Y agrega que si hubiera algún acto ilícito, fue cometido por ex detectives de bajo rango. Sin embargo, los más críticos de Uribe, consideran que es imposible que el DAS, siendo una entidad que depende directamente de Presidencia, hubiera hecho todo lo que hizo a espaldas del Presidente. Según el testimonio de Fernando Tabares, ex Director de Inteligencia del DAS (segundo cargo más alto), ante la Fiscalía el 9 de julio de 2010, dijo que "todo era por orden de la Casa de Nariño"[43], concretamente por orden de Bernardo Moreno, secretario general de la Presidencia de la República. En este testimonio, Tabares dice que fue invitado a una reunión por María del Pilar Hurtado, a la que asistió Moreno, quien les manifestó el interés de Uribe de estar informado por el DAS de cuatro casos: Corte Suprema de Justicia, Gustavo Petro, Piedad Córdoba y Daniel Coronell. El círculo más cercano del presidente está siendo interrogado por la Fiscalía.

Después del escándalo desatado se han planteado reformas, reestructuraciones, modificaciones y hasta la eliminación del DAS con el fin de acabar con el problema. Lo cierto es que desde noviembre de 2009, esta entidad se encuentra en un proceso de "ajuste institucional" en el cual se busca la "especialización en funciones de inteligencia estratégica y contrainteligencia, al igual que de control migratorio"[44] con el fin de prevenir y contrarrestar eventuales atentados a la seguridad nacional. Con este ajuste, el DAS ya no estaría a cargo de las funciones de Policía Judicial ni de la protección de personas. Ya no se llamaría DAS sino Agencia Civil de Inteligencia (ACI). Actualmente, se estudia la posibilidad de desclasificar información de las agencias de Seguridad del Estado, incluido el DAS, para avanzar en las investigaciones[45]. Si bien todavía no se tiene clara la responsabilidad directa del Presidente, éste y la PDSD fueron beneficiados directamente por la "cacería criminal" del DAS. Este episodio constituye una violación a los derechos humanos y según Gustavo Petro esta "cacería" es un "delito de lesa humanidad" por su carácter generalizado, sistemático y premeditado[46].

A modo de conclusión

Álvaro Uribe Vélez pasará a la historia de Colombia como el hombre que evitó que Colombia fuera un "Estado fallido" y cayera en las manos tanto de la guerrilla como de los paramilitares agrupados en las AUC. Estos dos actores venían expandiéndose con rapidez por todo el territorio durante la década comprendida entre 1990 y el 2002. La Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) logró contener el avance de ambos grupos de una manera contundente, como lo muestran los logros estadísticos. Se entablaron negociaciones con los paramilitares desde el año 2002 y se creó la Ley de Justicia y Paz que habría de ser la primera experiencia de justicia transicional en el país. Sin embargo, el objetivo central se la PDSD, el control territorial de todo el país, no se cumplió. La guerrilla de las FARC, por más debilitadas que esté, siguen teniendo capacidad operativa en algunas regiones del país, el obstaculizado y parcializado proceso de desmovilización con los paramilitares no generó el fin de los paramilitares sino que nuevas bandas emergentes, para algunos, o simple continuación de los paramilitares, para otros, controlan algunos territorios en el país. En cuanto a los Derechos Humanos la PDSD tuvo que enfrentar los escándalos de los mal llamados "Falsos Positivos" y de las mal llamadas "Chuzadas" del DAS. El drama del Desplazamiento forzado y el estado de cosas inconstitucional persiste en el país después de ocho años de PDSD, sin mejoras significativas para la población desplazada. Llegando a este punto, pareciera que la PDSD fue bastante frágil en muchos aspectos, a pesar del gran avance en temas de seguridad. El Gobierno de Juan Manuel Santos tiene el reto de darle el giro que necesita esta política para acabar realmente con el ciclo de violencia en Colombia.

"No cantemos victoria Señor Comisionado, sobre un escenario de ficción"[47].

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NOTAS

[1] RANGEL SUÁREZ Alfredo, El Éxito de la Seguridad Democrática, in RANGEL Alfredo Y MEDELLÍN Pedro, Política de Seguridad Democrática, Grupo Editorial Norma, Colección Cara y Sello, 2010, p. 3.

[2] MEDELLÍN Pedro, 'No Todo Vale en la Guerra', Una evaluación de ocho años de Seguridad Democrática, in RANGEL Alfredo Y MEDELLÍN Pedro, Política de Seguridad Democrática, Grupo Editorial Norma, Colección Cara y Sello, 2010, p. 105.

[3] Ministerio de Defensa Nacional, Política de Defensa y Seguridad Democrática, Bogotá, junio de 2003: http://alpha.mindefensa.gov.co/dayTemplates/images/seguridad_democratica.pdf.

[4] Ibid., p. 12.

[5] Las siguientes estadísticas fueron tomadas de: RANGEL SUÁREZ Alfredo, El Éxito de la Seguridad Democrática, in RANGEL Alfredo Y MEDELLÍN Pedro, Política de Seguridad Democrática, Grupo Editorial Norma, Colección Cara y Sello, 2010. Para ver un resumen de algunas estadísticas ver "Logros de la política de Seguridad Democrática" (documento anexo 1). Y para obtener más estadísticas ver el anuario estadístico del Ministerio de Defensa Nacional 2003-2009:

http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios%20sectoriales/Anuario/Anuario_Estadistico2010a.pdf.

[6] "Ecuador espera restablecer relaciones plenas con Colombia antes de diciembre", elespectador.com, 06 de septiembre de 2010, http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-222791-ecuador-espera-restablecer-relaciones-plenas-colombia-antes-de-dic, consultado el 07 de septiembre de 2010.

[7] "COLOMBIA-EU: El texto del acuerdo sobre las bases no satisfacen las expectativas", en Informe Latinoamericano, 13 de noviembre de 2009, http://www.latinnews.com/lil/LIL21758.asp?instance=3.

[8] HERNÁNDEZ LÓPEZ Claudia (ed.) y Corporación Nuevo Arco Iris, Y refundaron la Patria... De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano, Editorial Debate, agosto 2010, p. 92.

[9] ACEVEDO, BOTERO, CALDERON, CORRAL, GAVIRIA; et al, Parapolítica, verdades y mentiras, Bogotá, Editorial Planeta Colombiana, 2008.

[10] PIZARRO, VALENCIA, Ley de Justicia y Paz, Grupo Editorial Norma, Colección Cara y Sello, 2009, P. 235.

[11] HERNÁNDEZ LÓPEZ Claudia (ed.) y Corporación Nuevo Arco Iris, Y refundaron la Patria... De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano, Editorial Debate, agosto 2010, p. 277.

[12] "La historia detrás del Pacto de Ralito", Verdad Abierta, 18 de enero de 2010, http://www.verdadabierta.com/parapolitica/2103-la-historia-detras-del-del-pacto-de-ralito

[13] Ibíd.

[14] PIZARRO, VALENCIA, Ley de Justicia y Paz, Grupo Editorial Norma, Colección Cara y Sello, 2009, P. 29.

[15] RANGEL SUÁREZ Alfredo, El Éxito de la Seguridad Democrática, in RANGEL Alfredo Y MEDELLÍN Pedro, Política de Seguridad Democrática, Grupo Editorial Norma, Colección Cara y Sello, 2010, p. 28-29.

[16] Ibíd.

[17] PIZARRO, VALENCIA, Ley de Justicia y Paz, Grupo Editorial Norma, Colección Cara y Sello, 2009, P. 277.

[18] Ibíd.

[19] DUQUE Roberto, Carta de Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, a Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado para la Paz, in PIZARRO, VALENCIA, Ley de Justicia y Paz, Grupo Editorial Norma, Colección Cara y Sello, 2009, p.321-325.

[20] Ibíd.

[21] "¿Hacia dónde va el paramilitarismo en Colombia?", Fundación Ideas para la Paz, Informe n°58, enero de 2010, p.2: "Clasificación señalada por el Sexto Informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), febrero de 2006: 1) el reagrupamiento de des­movilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas; 2) reductos que no se han desmovilizado; 3) la aparición de nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya existen­tes en zonas dejadas por grupos desmovilizados".

[22]MEDELLÍN Pedro, 'No Todo Vale en la Guerra', Una evaluación de ocho años de Seguridad Democrática, in RANGEL Alfredo Y MEDELLÍN Pedro, Política de Seguridad Democrática, Grupo Editorial Norma, Colección Cara y Sello, 2010, p. 236.

[23] VI Informe a la Corte Constitucional, Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre desplazamiento Forzado, Proceso Nacional de Verificación, Bogotá, junio de 2008.

[24] Boletín informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Número 76, Bogotá, 27 de enero de 2010, consultar en:

http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/%28httpDocuments%29/79784686ACBF6EA5C12576D6004460F5/$file/Codhes+2009.pdf

[25] Protegiendo Derechos, Acciones y resultados del Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública para fortalecer la protección de los derechos humanos 2002-2010, Ministerio de Defensa Nacional, Bogotá D.C., Abril de 2010, consultar:

http://www.cancilleria.gov.co/wps/wcm/connect/40070900422d3a37af41ff29537c1d5b/10-4-12+Protegiendo+Derechos+final.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=40070900422d3a37af41ff29537c1d5b

[26] Estadísticas Población Desplazada incluida en el Registro Único de la Población Desplazada, http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/SI_266_Informacion%20PAG%20WEB%20%284-08-2010%29%20ver%202.htm.

[27] Sentencia N° T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, Bogotá, D.C., consultar en:

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2501.pdf.

[28] Auto N° 008 de 2009 de la Corte Constitucional, Persistencia del estado de cosas inconstitucional declarado mediante sentencia T-025 de 2004, Bogotá, D.C., consultar en: http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/%28httpDocuments%29/636F80BB048760B5C12575B5004AE4AB/$file/AUTO+008-2009.pdf.

[29] "Los cuatro enemigos de la Ley de Tierras", Revista Semana, 22 de septiembre de 2010,

http://www.semana.com/noticias-politica/cuatro-enemigos-ley-tierras/144934.aspx, consultado el 22 de septiembre de 2010.

[30] ALSTON Philip, Declaración del profesor Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias, Misión a Colombia del 8 al 18 de junio de 2009, consultar en:

http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/7DDCDEC9249C5EEFC12575D90076B2D5?opendocument.

[31] Informe Especial "Falsos Positivos", amenazas colectivas e intolerancia social, Balance del segundo semestre del 2009, Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Abril de 2010, Bogotá, D.C., p.8.

[32] ALSTON Philip, op. cit.

[33] ZULETA Felipe, "Los 'Falsos Positivos': crímenes de lesa humanidad", in BEJARANO, CEPEDA, CORONELL, FLÓREZ, ISACSON, MOLANO, MORRIS, NAVAS, OROZCO, RESTREPO, VALENCIA, ZULETA, Las Perlas Uribistas, Reveladora radiografía del gobierno de Álvaro Uribe, Editorial Debate, marzo de 2010, p. 60.

[34] "Por vencimiento de términos libres 17 militares involucrados en falsos positivos", enero 07 de 2010, Caracol Radio, http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=934778, consultado el 20 de junio de 2010.

[35] ALSTON, op. cit.

[36] Ibíd.

[37] MORRIS Hollman, "El DAS, Una Cacería Criminal", in BEJARANO, op. cit., p. 169.

[38] Ver documento anexo 2 con la estructura que se creó y el documento anexo 3 para ver quién era José Miguel Narváez.

[39] MORRIS, op. cit., P. 160.

[40] Para ver una breve presentación de las operaciones consultar: "Operación Bautizo: la historia detrás del nombre de las operaciones criminales del DAS", 22 de abril de 2010,

http://www.lasillavacia.com/historia/10436, consultado el 20 de junio de 2010.

[41] PETRO Gustavo, Debate sobre la "Cacería criminal del DAS", llevado a cabo el 4 de mayo de 2010 en la plenaria del Senado de la República de Colombia, para ver el debate consultar: http://www.youtube.com/user/morrisproducciones#p/u/43/PTTMNB8pNvI.

[42] "Manual para amenazar", Revista Semana, 12 de diciembre de 2009, http://www.semana.com/noticias-nacion/manual-para-amenazar/132562.aspx.

[43] "Todo era por orden de la Casa de Nariño", Revista Semana, 24 de julio de 2010, http://www.semana.com/noticias-nacion/todo-orden-casa-narino/142149.aspx.

[44] "Informe al Congreso de la República 2009-2010", Departamento Administrativo de Seguridad, Julio 20 de 2010, p. 13.

[45] "Así chuzaron al Polo, al Partido Liberal y a Vargas Lleras", Revista Semana, 13 de septiembre de 2010, http://www.semana.com/noticias-nacion/chuzaron-polo-partido-liberal-vargas-lleras/144480.aspx.

[46] PETRO Gustavo, Debate sobre la "Cacería criminal del DAS", llevado a cabo el 4 de mayo de 2010 en la plenaria del Senado de la República de Colombia, para ver el debate consultar: http://www.youtube.com/user/morrisproducciones#p/u/43/PTTMNB8pNvI.

[47] DUQUE, op. cit., p.321-325.