Introducción: la instauración del régimen militar y el legado de violaciones a los derechos humanos

Como los países del Cono Sur que lo rodean, Chile también fue marcado por la existencia de un largo gobierno autoritario en el siglo XX. En el caso chileno, la dictadura estuvo instalada en el país entre el 11 de septiembre de 1973, tras un golpe militar, y el 11 de marzo de 1990. En estos 17 años, el poder fue personificado en la figura del general Augusto Pinochet, único presidente que tuvo Chile a lo largo del régimen dictatorial.

El régimen militar chileno fue uno de los instaurados en América Latina en el contexto de la Guerra Fría, a través de un golpe de Estado apoyado por la élite local e por los EE.UU. La "doctrina de la seguridad nacional" fue invocada para prevenir el "avance del comunismo y de los movimientos subversivos" de la nación. Para alcanzar este objetivo, el gobierno persiguió, secuestró, torturó y asesinó a miles de oponentes políticos de izquierda, en una clara violación en masa a los derechos humanos.

En el 19 de abril de 1978, es promulgada la Ley de Amnistía, elaborada por Pinochet, que impide la persecución y condenación criminal de los militares con relación a las mencionadas violaciones ocurridas durante el periodo de represión más severa, o sea, entre 1973 y 1978. En teoría, la Ley benefició tanto a los militares cuanto a los opositores del régimen, permitiendo el retorno de los exilados al país. No obstante, los beneficios prácticos de este texto legal privilegiaban solamente a los militares y el retorno de los exilados era aún difícil.

Serán presentados, en este artículo, otros importantes hechos relacionados a la justicia de transición en Chile. Esta presentación será hecha cronológicamente, según el presidente que estaba en el poder cuando dichos hechos ocurrieron.

El retorno a la democracia y el gobierno del presidente Patricio Aylwin (1990-1994)

En el diciembre de 1989, es electo el nuevo presidente de Chile: Patricio Aylwin, representante de la Concertación, sustituye a Pinochet en el 11 de marzo de 1990, inicia oficialmente el nuevo periodo democrático en el país y promete abrogar la Ley de Amnistía. Sin embargo, problemas como la popularidad y el poder político de Pinochet y de los militares, la oposición de amplios sectores de los poderes Judiciario y Legislativo a este proyecto e impedimentos jurídicos hicieron que la mencionada abrogación no fuera posible. De todas formas, la amnistía sólo beneficiaba a los que habían cometido crímenes hasta 1978, de manera que las posteriores violaciones a los derechos humanos podrían ser objeto de persecuciones penales. Además, cada vez más víctimas del régimen militar buscaban en la justicia civil una reparación por los daños sufridos.

La Comisión Nacional de Verdad y de Reconciliación, conocida como "Comisión Rettig", fue creada por el presidente Aylwin en 1990 para luchar por una verdad oficial y reconocida por todos sobre los hechos del régimen militar y los involucrados en ellos, como forma de alcanzarse el consenso, la reconciliación nacional y la construcción de una "cultura de los derechos humanos". La Comisión era compuesta por miembros próximos del régimen militar y de sus víctimas, y también por defensores de los derechos humanos.

El trabajo de la Comisión Rettig reveló muchas informaciones importantes acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Pinochet, como la descubierta de cuerpos clandestinamente enterrados en Pisagua. En el febrero de 1991, fue entregado al país un documento de más de 2000 páginas, con las conclusiones acerca del trabajo de la Comisión. Ésta reconoció la responsabilidad de los militares y del Estado chileno por las violaciones cometidas contra los opositores políticos, y también condenó al Judiciario del país por la parcialidad existente en la desmesurada aplicación de la Ley de Amnistía y la tímida defensa de los derechos de las víctimas. Según este primer informe de la Comisión Rettig, hubo 2025 víctimas del régimen militar, de las cuales 1068 habían sido asesinadas y 957 consistían en desaparecidos políticos. Este número aumentó en los informes posteriores de la Comisión, que trabajó hasta el 1996.

La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación fue instituida para concretizar las recomendaciones de la Comisión Rettig, pronunciarse sobre los asuntos con relación a los cuales ésta no llegó a ninguna conclusión y determinar quiénes eran las personas próximas a los desaparecidos que podrían ser consideradas "víctimas". La Corporación tuvo un papel importante en la concesión de pensiones y ayudas financieras a las familias de los desaparecidos.

El trabajo de la Comisión Rettig, aunque criticado por las Fuerzas Armadas (que incluso decían que las informaciones y documentos relevantes a este trabajo habían sido "destruidos") y por algunos sectores de derecha y de izquierda, fue enormemente reconocido por los chilenos, dio continuidad a la política de reparaciones simbólicas de las víctimas y a la creación de ceremonias y monumentos de memoria acerca de la dictadura. No obstante, el asesinato del líder de derecha Jaime Guzmán en el 1^er de abril de 1991, atribuido al movimiento de extrema izquierda Frente Patriótico Manuel Rodríguez, permitió a la derecha reiniciar el debate acerca del "terrorismo de la izquierda", lo que debilitó el proceso de apuración de la verdad histórica promovido por Aylwin.

El gobierno del presidente Eduardo Frei (1994-2000)

El gobierno del presidente Frei también fue marcado por algunos momentos importantes en la justicia de transición en Chile. En 1995, en el proceso judicial relativo al asesinato del ministro Letelier (nombrado por el gobierno de Allende) en 1976, hubo la condenación del ex-jefe de la extinta DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), el general Manuel Contreras, y del responsable por la operación de asesinato, Pedro Espinoza, a, respectivamente, 7 y 6 años de prisión. Esta condenación fue una excepción a la aplicación de la Ley de Amnistía, que generó aún más discusiones a su respecto.

El 16 de octubre de 1998 es una fecha clave para la transición en Chile: es el día de la prisión de Pinochet en Londres, ordenada por el juez español Baltazar Garzón, por crímenes de genocidio, tortura y terrorismo. Aunque, en el 2000, el ex-general consigue su libertad en Inglaterra y regresa a Chile, esta prisión ordenada por una autoridad extranjera llama la atención de los jueces chilenos, que, en general, eran indiferentes o contrarios a la prisión de los militares que violaron los derechos humanos durante la era Pinochet. Las condenaciones de estos militares se vuelven más frecuentes y el Judiciario de Chile pasa a tener un papel mucho más activo en la justicia de transición del país.

El gobierno del presidente Ricardo Lagos (2000-2006)

A principios del gobierno del presidente Lagos, en el diciembre del 2000, el proceso de apuración de los delitos cometidos por la "Caravana de la Muerte" (un escuadrón del Ejército de Chile que, tras el golpe militar de 1973, recorrió el país, torturando y asesinando a muchos opositores al régimen), conducido por el juez chileno Guzmán, solicitó la condena de Pinochet y de otros miembros del ejército chileno por homicidio y desaparecimiento de 78 personas. Pero, en el 1° de julio de 2002, exámenes requeridos por la Justicia revelaron que Pinochet sufría de demencia leve a moderada, lo que lo inhabilitaría a enfrentar un proceso penal.

Además, en el 25 de enero de 2005, el general Contreras fue una vez más condenado a la cárcel, ahora a 12 años de prisión, por el desaparecimiento del integrante del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria Miguel Ángel Sandoval, ocurrido en enero de 1975.

Lagos tuvo una actuación bastante polémica con relación a la justicia de transición en Chile. En primer lugar, la institución de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, en el 2003, llevó a la elaboración del Informe Valech, entregado por el presidente a los ciudadanos chilenos en el 28 de noviembre de 2004. En este informe, aparecen aproximadamente 28.000 personas calificadas como víctimas de tortura y prisión política, a las cuales se les otorga una indemnización simbólica. Sin embargo, los nombres de los victimarios no fueron revelados y solamente una parte de los hechos de violación a los derechos humanos fue investigada (fueron excluidos, por ejemplo, los reprimidos en allanamientos masivos). Además, este informe no fue ampliamente difundido en la sociedad chilena, como lo fue el Informe Rettig.

En el 10 de agosto de 2005, fue aprobada por el Senado chileno la propuesta de Lagos de integrar al juez Rubén Ballesteros en la Corte Suprema del país. Esta decisión fue contestada por sectores de defensa de los derechos humanos en Chile, que argumentaron que Ballesteros colaboró con la impunidad de los crímenes cometidos por los militares durante la dictadura.

En el julio de 2006, la Corte Suprema de Chile decide retirar la inmunidad de ex-gobernante de Pinochet, para condenarlo como autor de los crímenes cometidos por la "Caravana de la Muerte". En noviembre del mismo año, el juez chileno Montiglio ordena el arresto domiciliar del general. No obstante, el ex-presidente, que también estaba siendo juzgado por crímenes cometidos en el seno de las operaciones Cóndor y Colombo, falleció en el 10 de diciembre de 2006, a los 91 años, sin que los procesos judiciales llegaran a su fin y que Pinochet fuera condenado por estos delitos.

Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010)

En el 15 de octubre de 2008, fue condenado el general Sergio Arellano Stark a seis años de cárcel, por su actuación en la "Caravana de la Muerte". Sin embargo, el en noviembre de 2008, el juez Montiglio determinó la suspensión del encarcelamiento, pues informes médicos hechos a lo largo del proceso criminal llegaron a la conclusión de que Arellano sufría de enfermedades neuropsiquiátricas que lo impedirían de cumplir su pena.

En el 12 de enero de 2010, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos abre sus puertas al público en Santiago de Chile. Su propósito es de dar visibilidad a la violación en masa de los derechos humanos cometida por el Estado chileno durante la dictadura de Pinochet. El Museo pretende, a partir de la celebración de la memoria del autoritarismo, evitar que estos actos de violencia masiva se repitan y estimular una reflexión sobre la tolerancia y el respeto a los derechos humanos.

Balance de la justicia de transición en Chile

Después de este recurrido histórico, se puede decir que, en Chile, los objetivos de construcción de la verdad histórica y de compensación pecuniaria a las víctimas del régimen militar fueron parcialmente atingidos, ya que no todos los casos de violación a los derechos humanos fueron esclarecidos y los hechos apurados por las distintas Comisiones de Verdad no fueron todos ampliamente divulgados. Aparte, por razones como la existencia de una Ley de Amnistía, el gran poder político de los militares especialmente luego después de la caída del gobierno autoritario y el largo periodo de connivencia del Judiciario con las violaciones de los derechos humanos, la justicia retributiva no fue aplicada tan rigurosamente como lo debería haber sido. La frecuente discordia entre el gobierno, la derecha, la izquierda y los representantes de las víctimas también fue muchas veces un obstáculo a la implementación de políticas de transición hacia la democracia.

No obstante, el caso chileno es un ejemplo de la tensión existente entre el derecho a la "justicia", entre la necesidad de punición de los que cometieron atrocidades contra los derechos humanos, y entre la "paz", entre la necesidad de la reconciliación nacional y de un acuerdo político con los que, aunque culpables por dichas violaciones, aún están en el poder o todavía tienen un gran poder político. Los recientes esfuerzos de condenación de los militares responsables por las atrocidades del gobierno de Pinochet, aunque no siempre exitosos y aunque quede todavía una parte de la "verdad" a ser esclarecida, representan el deseo de consolidación de la democracia a través de la etapa de la justicia de transición. Esta es la única manera de establecer: (i) la responsabilidad jurídica de los que violaron los derechos humanos, para que se evite una sensación de impunidad y de injusticia que pueda, aún después de la caída de un régimen autoritario, perpetuar las hostilidades entre agentes del gobierno de manera general y los demás ciudadanos; (ii) el establecimiento de una diferencia clara entre el periodo de arbitrariedades e injusticias de antes de la transición y el nuevo régimen que se está implantando, democrático y justo, de manera a contribuir para su legitimación (iii) una compensación pecuniaria y un pedido de perdón a las víctimas, aunque una efectiva "reparación" de los daños sufridos sea claramente imposible; (iv) el esclarecimiento de la "verdad", de las circunstancias en las que estas violaciones masivas a los derechos humanos ocurrieron y de la identidad de las personas involucradas, para que toda la sociedad - y no solamente los involucrados en las violaciones - tenga conciencia plena de lo que pasó en este periodo de la historia y nunca más repita semejantes atentados y (v) la reconciliación nacional, aunque ella difícilmente ocurra luego después del establecimiento del nuevo régimen.

Bibliografía

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